Además de los 20.000 euros, el Estado debe pagar otros 3.000 euros a la defensa del dirigente independentista, que corrió a cargo del abogado francés Didier Rouget y de la letrada vizcaína Jone Goirizelaia.
El Gobierno del PP ha decidido hacer efectivo el pago de la indemnización que le había impuesto la Corte Europea de Derechos Humanos para evitar una sanción del Tribunal de Estrasburgo.
La compensación económica obedece a la condena que la justicia europea impuso «al Reino de España» hace casi un año al considerar «desproporcionado» que tanto el Supremo como el Constitucional confirmaran una pena de un año de cárcel al exportavoz de Batasuna por «injurias graves» al Rey después de que en 2003 llamara al Monarca «jefe de los torturadores».
Los magistrados de la corte especial consideraron «excesivo» el castigo y defendieron el derecho a la libertad de expresión de quien, por aquella fecha, era el líder de Sozialista Abertzaleak, la marca de la izquierda independentista en el Parlamento vasco. «El jefe del Estado -sostenía aquella sentencia- no puede ser inmune a las críticas por razón de sus funciones oficiales».
Portavoces del Ejecutivo de Mariano Rajoy han confirmado que el Ministerio de Justicia ha dado la orden de ingresar esa cantidad económica en la Caja General de Depósitos del Tesoro para que los representantes legales de Otegi -encarcelado en la prisión de Logroño- puedan recogerlo.
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