El juez del 'caso Falange y Tradición' se salta el plazo que da a las acusaciones para recurrir
Sin esperar a los escritos de las partes personadas, retira los cargos a tres de los imputados y lleva a juicio a los otros tres
La representación de Artica y Aizoáin cree que la decisión podría no ser legal
El juez que investiga los delitos atribuidos Falange y Tradición (FyT), Ismael Moreno Chamarro, ha decidido retirar los cargos a tres de los integrantes de este grupo ultraderechista sin respetar los plazos que él mismo estableció para que las partes personadas en la causa pudieran recurrir esta decisión.
Moreno, magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, dictó un auto el pasado viernes 28 de marzo en el que acordaba "el sobreseimiento y consiguiente archivo" de las actuaciones que afectaban a los imputados Jagoba Aldama Bolomburu, Fermín Domingo Turrillas y David Murillo Eslava. Explicaba que su resolución no era firme y daba la opción a las acusaciones particulares a presentar un recurso de reforma en el plazo de tres días.
Inaudito
Sin embargo, en una decisión inaudita y sorprendente, Moreno firmó otro auto este lunes 31 de marzo, en el que ratifica el archivo de los cargos a Aldama, Turrillas y Murillo. Argumenta que no está "debidamente justificada la perpetración de los delitos" que se atribuyen a los tres imputados y que estos solo son acusados por las partes personadas "por delitos de los cuales las mismas no son agraviadas o perjudicadas".
En este mismo auto, el magistrado ordena la apertura de juicio oral a los otros tres procesados de FyT: José Ignacio Irusta Sánchez, alias El Barbas y El Pater; Javier López Monreal, El Lanas; y Borja Pérez Illera, para quienes la Fiscalía solicita siete años de prisión por la comisión de daños terroristas y delitos de amenazas.
El juez, por su parte, también pide a los tres que depositen una fianza de 50.000 euros "de forma solidaria" para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérseles. Asimismo, concede a sus representantes legales un plazo de 10 días para que presenten escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas o para que ratifiquen el emitido con anterioridad, al tiempo que indica que el auto no puede ser recurrido por las partes personadas.
Entre ellas se encuentran los concejos de Artica y Aizoáin, que este miércoles 2 de abril -último día del plazo concedido, pero no respetado por el juez- recurrió el auto del 28 de marzo, cuya notificación recibió el 31 de marzo.
En su escrito, responde al magistrado que "ni siquiera se ha cumplido la formalidad de la finalización del plazo para dictar el auto", y precisa que su decisión "podría tener consecuencias legales".
La representación de Artica y Aizoáin, que demanda la apertura del juicio oral a los seis imputados, expone con detalle las razones por las que Aldama, Turrillas y Murillo también deben sentarse en el banquillo. En primer lugar, recuerda que "está acreditado" que Aldama era el titular del apartado de correos abierto en Doneztebe, que fue utilizado por FyT para sus comunicaciones internas y con terceros.
En cuanto a Turrillas, esta acusación particular incide en que asistió a la reunión clave que FyT celebró el 10 de julio de 2009 en las conocidas como piscinas de los militares de Pamplona, que participó al menos en las pintadas amenazantes que se hicieron en las herriko tabernas de Rochapea e Iturrama y que tenía en su poder armas prohibidas.
Del tercer integrante de FyT exculpado, David Murillo, la acusación de Artica y Aizoáin precisa que también estuvo en la cita de las piscinas de los militares, que hizo pintadas en las herrikos Ipar Gorri, Ezpala y Zurgai de Pamplona, que acompañó a Irusta en la realización de las pintadas junto al repetidor que ETB tiene en la sierra de Codés y que en su domicilio se localizaron armas prohibidas como una pistola de balines con una recarga de 2.000 unidades, entre otras muchas.
Agraviados y perjudicados
En contra de la opinión del juez, esta acusación sostiene que los concejos de Artica y Aizoáin tienen la condición de agraviados y perjudicados por las actividades de FyT, ya que sufrieron roturas en las placas que hay en sus cementerios en memoria de los presos del franquismo, y recibieron una llamada en la que, en nombre de FyT, se advertía de que cualquier miembro del concejo que vote a favor de reponer estas placas "deberá atenerse a las consecuencias sobre su persona y bienes".
Además, subraya que si no fuera jurídicamente viable continuar el procedimiento penal contra Aldama, Turrillas y Murillo por el hecho de que el fiscal pide su sobreseimiento, el juez Baltasar Garzón no hubiera sido condenado y apartado de la carrera judicial, como tampoco hubieran sido condenados los miembros de la Mesa del Parlamento Vasco en 2003, Juan Mari Atutxa, Kontxi Bilbao y Gorka Knör, a quienes solo acusó el pseudosindicato Manos Limpias.
Cronologia
5 de febrero. El juez Ismael Moreno ordena la apertura de juicio oral a los seis imputados de Falange y Tradición bajo la acusación de integrar una organización terrorista.
19 de marzo. Moreno declara la nulidad del auto que él mismo dictó el 5 de febrero, tras atender las peticiones de dos de los acusados, Jagoba Aldama y Fermín Domingo Turrillas, quienes argumentan que las acusaciones particulares "no son agraviadas o perjudicadas" por los delitos investigados. A esta misma demanda se suman David Murillo y el fiscal.
28 de marzo. El juez acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de los cargos contra Aldama, Turrillas y Murillo.
31 de marzo. Sin esperar a que las partes personadas como acusaciones particulares (los concejos de Artica y Aizoáin, el Ayuntamiento de Arbizu, el concejal de Ansoáin Koldo Pla y la txupinera de Bilbao en 2009, Sonia Polo) recurran su auto del 28 de marzo dentro del plazo establecido, el juez archiva la causa que afecta a Aldama, Turrillas y Murillo.
El juez del 'caso Falange y Tradición' se salta el plazo
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